Desgraciadamente los accidentes de tráfico, graves o leves, están a la orden día. Vamos a indicar brevemente los pasos a seguir para poder reclamar por los daños y las lesiones producidas en los casos en que el conductor del vehículo contrario sea el causante del mismo, o si se es pasajero de cualquiera de los vehículos involucrados.

En cuanto suceda el accidente, si es leve, resulta fundamental rellenar el parte amistoso indicando las circunstancias del accidente (incluso dibujando un croquis de la maniobra), los datos de las personas, compañías aseguradoras y vehículos intervinientes y los daños sufridos; o, en caso de no estar ambos conductores de acuerdo en cómo se ha producido y quién es el responsable, llamar a las autoridades (Policía o Guardia Civil) a fin de que los agentes levanten atestado. También es necesario recabar los datos de posibles testigos por si fuera precisa su declaración en juicio, y resulta muy conveniente hacer fotografías del lugar de los hechos, de la situación de los vehículos y de los daños ocasionados.

En caso de sufrir lesiones, aunque parezcan mínimas en ese momento (los síntomas de algunas lesiones provocadas por un accidente de tráfico aparecen al cabo de unos días), y de no considerarse necesario llamar a una ambulancia, es importante acudir lo antes posible a un servicio de urgencias médicas a fin de obtener un informe de asistencia sanitaria que recoja todas las lesiones, dado que es imprescindible acreditar que éstas son consecuencia del accidente, que existe “nexo causal”.

Asimismo, es necesario comunicar el siniestro a la compañía aseguradora propia en el plazo máximo de 7 días.

Las pólizas de seguros de automóvil contienen la cobertura de asistencia jurídica, poniendo abogado y procurador en su caso a disposición del asegurado, pero también comprende siempre dicha cobertura el derecho a designar abogado y procurador de libre elección (siempre más independiente), abonando la compañía la totalidad de sus honorarios en la gran mayoría de los casos.

Además de los daños del vehículo y la indemnización por las lesiones, también cabe reclamar los gastos derivados del accidente, como medicamentos, prótesis, rehabilitación privada, transporte, etc. Por ello hay que conservar todos los tickets y facturas.

En caso de atropello de peatones es preciso comprobar si la póliza del seguro de hogar contiene la cobertura de reclamación de los daños ocasionados, dado que es frecuente en este tipo de seguros y en muchas ocasiones no se utiliza por desconocimiento.

Es preciso tener en cuenta que el plazo para reclamar es de un año, aunque si existen lesiones no se iniciará el cómputo en la fecha del accidente, sino en la de su estabilización.

En cuanto al procedimiento a seguir para la reclamación, hasta la reforma del Código Penal en 2015 el cauce habitual en caso de existencia de daños personales era acudir a esta jurisdicción penal presentando denuncia y seguidamente el Médico Forense, tras examinar a los lesionados, emitía (de forma gratuita) informe al respecto, con lo que en la mayoría de las ocasiones se alcanzaba un acuerdo calculando la indemnización en función del mismo y finalizaba el pleito. De no estar conformes con su valoración, era preciso pagar a un médico privado a fin de que elaborase un informe pericial -con menos credibilidad para el juzgador que el imparcial Médico Forense- y se celebraba juicio, normalmente de faltas.

Actualmente, tras la despenalización de las faltas, la gran mayoría de los accidentes de tráfico se ventilan en la vía civil. La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en su reforma del mismo año 2015  (artículo 7),  introdujo la obligación de presentar una reclamación previa extrajudicial a la aseguradora contraria. Esta dispone de tres meses para contestar mediante una “oferta motivada” o una “respuesta motivada”, poniendo en conocimiento de la víctima si reconoce o no la existencia de nexo causal entre accidente y lesiones, o la existencia de estas, o hace una valoración de las mismas ofreciendo en este caso una cantidad en concepto de indemnización. De no estar conformes con dicha cantidad, o si transcurrido el plazo no ha habido respuesta, se puede acudir al Instituto de Medicina Legal (Médico Forense) para que emita informe valorando las lesiones, en caso de que esta valoración sea superior se volverá a negociar con la aseguradora.

De no alcanzarse tampoco un acuerdo, será preciso recabar la valoración de un perito médico privado e interponer demanda judicial.

Trataremos aquí de los derechos de los hijos menores de edad no emancipados.

El artículo 39.3 de la Constitución Española establece: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

Los padres ostentan la patria potestad de sus hijos, y tienen el deber de protegerles. Esta protección abarca la obligación de velar por ellos, alimentarles, procurarles una formación integral, educarles, representarles y administrar sus bienes.

El artículo 154 del Código Civil establece:
«Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.
Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2º Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.»

-Velar por los hijos y tenerlos en su compañía.
El deber de velar por los hijos comprende el cumplimiento del resto de los deberes enumerados, consiste en una labor de auxilio, ayuda, proporcionar seguridad etc.
Respecto a “tenerlos en su compañía”, es lógico que el domicilio de los menores sea el que tengan sus padres, pero además de la convivencia física implica facilitarles una comunicación afectiva, intelectual y humana necesaria para su adecuado desarrollo.

-Alimentarles.
No se trata únicamente del derecho a ser mantenido en cuanto a la comida en sentido estricto, sino que jurídicamente por alimento se entiende todo aquello necesario para el sustento básico de una persona, y comprende también el vestido, asistencia sanitaria, escolarización etc.

-Educarles y procurarles una formación integral.
La finalidad es garantizar al niño una formación integral para su adecuado desarrollo social y el desenvolvimiento de sus capacidades y habilidades. Este derecho de los hijos entronca con el derecho fundamental del artículo 27 de nuestra Constitución: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.».
Incluso la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor determina (artículo 13): “Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización”.

-Representar a los hijos
Los artículos 162 y siguientes del Código Civil disponen el siguiente régimen de protección:
Artículo 162: «Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados.
Se exceptúan:
1.º Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo.
No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.
2.º Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
3.º Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.
Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de éste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 158.
Artículo 163: «Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar.
Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad«.
Artículo 164: «Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria»
(…)

Y, en interés de los hijos, se establecen restricciones a la citada representación:
Artículo 165: “Pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria.
No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos o con uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares, y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones.
Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los números 1 y 2 del artículo anterior y los de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera, pero si los padres carecieren de medios podrán pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad proceda.”
Artículo 166: “Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal.
Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.”
Artículo 167: “Cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la administración o incluso nombrar un Administrador.”
Artículo 168: “Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.
En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos.”

Y en todo caso, de existir conflicto entre los progenitores sobre cuál es el interés de los hijos habrá que acudirse a la vía judicial, donde se habrá de determinar caso por caso cuál es el mayor beneficio para el menor. Y en caso de que el conflicto se dé entre los intereses de los progenitores y los del hijo, serán los de éste último los que habrán de prevalecer.

Incluso el Código Penal, dentro del Título XII “Delitos contra las relaciones familiares” y principalmente en sus artículos 226 y siguientes, contempla como hechos delictivos ciertos incumplimientos de dichos deberes por los progenitores.

Todo este abanico de derechos de los hijos respecto de sus progenitores se complementa, a nivel de nuestro Estado, con los contenidos en la anteriormente citada Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (con las modificaciones introducidas por la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia). Y, a nivel internacional, con los contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.989 (y ratificada por todos los países del mundo con la sorprendente excepción de Estados Unidos), y que recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, cuya aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y de los propios niños y niñas.

Vamos a tratar aquí el tema de las parejas de hecho, que en la actualidad están aumentando considerablemente en detrimento de las uniones matrimoniales.

Al contrario del matrimonio, en el ordenamiento jurídico español no existe una normativa de ámbito estatal que regule esta figura, cada Comunidad ha dispuesto su propia legislación e incluso existen distintas denominaciones (pareja de hecho, unión de hecho, unión estable de pareja…) por lo que el concepto jurídico resulta difuso, aunque se podría definir como una unión estable de dos personas que conviven de forma libre, pública y notoria, durante un tiempo determinado, y entre las que existe un vínculo afectivo similar al de un matrimonio. Esta unión puede ser de carácter heterosexual u homosexual.

El matrimonio debe registrarse en el Registro Civil. Sin embargo, la pareja de hecho deberá ser inscrita en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público, ante Notario, en el que conste la constitución de dicha pareja.

Algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes sobre parejas de hecho. Castilla y León, entre otras, no tiene ley como tal y se regula mediante decreto (Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento) y las disposiciones que lo desarrollan.

Los requisitos, exigencias, condiciones y procedimientos para inscribirse en cada registro pueden ser muy variables según su normativa específica. En nuestra Comunidad los miembros de la pareja deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de presentación de la solicitud en el Registro:
– Convivencia que implique una relación de afectividad entre los solicitantes análoga a la conyugal, actual y durante al menos los seis meses inmediatamente anteriores, o durante seis meses continuados.
– Residencia actual en la Comunidad de Castilla y León.
– Ser mayores de edad o menores emancipados.
– No tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
– Ser su estado civil el de soltero/a o viudo/a o divorciado/a.
– No formar unión de hecho con otra persona.
– No estar incapacitado judicialmente.

Ser pareja de hecho le otorga a esta unión una serie de derechos, que son más o menos equiparables a los del matrimonio en función de la normativa de cada Comunidad Autónoma. En Castilla y León los principales son:
Pensión de viudedad: En caso de pareja de hecho no se tiene derecho directo, a diferencia de si existe matrimonio, pero se puede conceder el derecho a pensión a la pareja estable al fallecer su conviviente cuando se den ciertas situaciones:
•Que el fallecimiento sea posterior a 1 de enero de 2008.
•Que se cumplan una serie de requisitos de cotización e ingresos.
•Que la inscripción como pareja de hecho se haya producido con una antelación de dos años como mínimo con respecto a la fecha del fallecimiento.
•Que haya existido una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.
•Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estuviera impedido para contraer matrimonio ni tuviera vínculo matrimonial con otra persona.
Relación padres e hijos: En el caso de que haya hijos en común, no hay distinción en cuanto a derechos y obligaciones, tanto si los padres están o no casados, si son o no pareja de hecho, o si viven juntos o nunca ha habido convivencia.
Régimen patrimonial: las parejas de hecho no están sometidas a ningún régimen económico, ni convencional ni legal, aunque por pacto entre las partes pueden regular sus relaciones económicas.
Impuestos: las personas que formen una unión de hecho no pueden tributar en la opción de tributación conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sólo podrán optar a efectuar la declaración en modalidad individual.
Herencia: el de los derechos sucesorios es uno de los puntos donde mayores diferencias existen entre el matrimonio y la pareja de hecho, ya que los compañeros sentimentales no son herederos forzosos, por lo que no pueden heredar entre sí a no ser que se haya otorgado testamento en tal sentido.
Permiso laboral: el parentesco por afinidad se constituye con el matrimonio, por tanto en el caso de parejas de hecho no se tendría derecho al permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes, salvo que se reconociera en el convenio colectivo de aplicación.
Los funcionarios tienen derecho al permiso de 15 días de descanso tras el matrimonio o la inscripción como pareja de hecho en el correspondiente registro público. En las empresas privadas dependerá de cada caso, el permiso matrimonial retribuido se contempla en el artículo 37.3 del Estatuto de Trabajadores del siguiente modo: “Quince días naturales en caso de matrimonio”, por tanto sólo los disfrutarán cuando el convenio colectivo, y esta es la tendencia creciente, tras acuerdo entre empresarios y trabajadores, incluya en la redacción de sus acuerdos el reconocimiento de este permiso vacacional al inscribirse como pareja de hecho. De igual modo se puede observar en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia la tendencia a reconocer la concesión de estos permisos basándose, fundamentalmente, en la no discriminación de los trabajadores que optan por esta opción y en aras a proteger la conciliación laboral y familiar.
Arrendamiento: en contratos de arrendamiento de vivienda posteriores al 1 de enero de 1995, en el caso de fallecer el titular del contrato puede subrogarse en el mismo la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante al menos los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. No es necesario que la pareja de hecho esté inscrita en ningún registro, sólo demostrar la convivencia con certificado de empadronamiento, convivencia, etc.

¿Es la compartida la mejor forma de guarda y custodia de los hijos en caso de ruptura del matrimonio o unión de hecho de sus progenitores? En una cuestión tan delicada no se puede dar una respuesta única y contundente, siempre es necesario analizar cada caso.

Lo primordial a tener en cuenta en este fundamental tema es qué es lo más beneficioso para los más débiles y vulnerables, los hijos, cuyo interés siempre está por encima del de los progenitores.

Hasta 2005 no se introdujo la custodia compartida de forma expresa en nuestro Derecho Civil, entonces solamente un 2% de las familias se acogieron a esta opción. En 2016 el porcentaje aumentó al 28,3%, y ha seguido creciendo. En los últimos años la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es tan vinculante para los jueces como la ley, ha ido consolidando este modelo como el normal y deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que se proteja su superior interés (el denominado favor filii), estableciendo ciertos criterios a considerar para su establecimiento, como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los hijos y sus aptitudes personales (el contacto con el colegio, médicos, ocio…), la opinión de los menores cuando se les considera con suficiente juicio, y siempre si son mayores de 12 años, o el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los mismos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, afortunadamente, los padres se implican mucho más en la crianza y cuidado de los hijos que en épocas anteriores.

Incluso varias Comunidades Autónomas con derecho civil propio han decidido regular en sus leyes autonómicas la custodia compartida como sistema preferente: Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco (la ley de La Comunidad Valenciana que también la implantó fue considerada inconstitucional en 2016, pero únicamente por considerar que esta comunidad carecía de competencia para legislar en este tema).

Además numerosos estudios coinciden en que la custodia compartida es el sistema que más se acerca a lo que con anterioridad era el día a día de cualquier familia, favoreciendo la relación entre los propios progenitores -al repartir su responsabilidad y poder disponer ambos de más tiempo para su trabajo y su ocio-, y facilitando que los niños puedan crecer disfrutando de sus padres, que se sientan parte de ambas unidades familiares y que la ruptura sea menos traumática para ellos. Así, la psicóloga infantil del Hospital Ruber Internacional, Guadalupe Torres, considera que “hay una abrumadora evidencia científica que pone de manifiesto los beneficios psicológicos de la custodia compartida”, que “existe un mayor bienestar emocional y social, mejores relaciones parentales y mayor capacidad de aceptación y adaptación”, y que en caso contrario, pueden aparecer “problemas académicos, conductuales o afectivos, ya que además de desequilibrar la relación con uno de los padres, existe mayor conflictividad entre ellos, lo que repercute en el menor”. Lo normal es que, después de un periodo de adaptación, se acostumbren a la nueva situación. Y para ello es fundamental aportarles seguridad afectiva, “que los niños sepan que pase lo que pase les van a seguir queriendo, y que el problema es entre los padres, no de la familia”.

Por supuesto hay casos claros en los que la custodia compartida no es conveniente, ya sea por motivos laborales, de distancia entre los domicilios de los progenitores o por la existencia de conflictos muy graves entre ellos.

De cualquier modo, la ruptura existe independientemente del tipo de custodia, el momento es duro y la mejor forma de afrontarlo es alcanzando acuerdos desde el diálogo, el respeto y la generosidad, y priorizando siempre el bienestar de los hijos.